23/01/2021

Desinformación oficial

Por Pedro Lechuga Mallo

Es indignante ver cómo nuestros dirigentes nos advierten de manera paternalista de los peligros de la desinformación, cuando realmente son ellos quienes en más ocasiones de las deseadas la fomentan con sus actitudes y declaraciones. El daño que ésta genera en la sociedad es el mismo, independientemente de si está provocada por su ignorancia, incompetencia, soberbia o inmoralidad. El problema es que las disculpas o rectificaciones posteriores, si es que las hay, no compensan el daño provocado. Lamentablemente, aunque ya es costumbre, durante los últimos días hemos sido testigos de varias odas a la desinformación oficial al hilo de la cogobernanza, del principio extremeño de prudencia ante las vacunas y de las comparaciones con los exiliados franquistas.

Si les parece comenzamos por el vodevil protagonizado por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España en relación al adelanto del toque de queda. Tras el primer confinamiento domiciliario decretado desde Moncloa nos vendieron que la fórmula ideal para luchar contra la Covid-19 era la cogobernanza. Es más, fuimos testigos obligados de escenificaciones de esa colaboración entre instituciones, en las que los políticos de turno anunciaban gozosos el inicio de un trabajo coordinado. Es demencial que se organicen actos públicos para anunciar algo que cualquier persona de bien entiende que debería ser lo normal, pero lo peor es que además, quede demostrado que mienten como bellacos. Lo vimos en la obra de teatro barata protagonizada por Ayuso y Sánchez, en la que tengo dudas de que hasta las banderas utilizadas fueran falsas. Y desde hace unos días, los castellanos y leoneses somos víctimas de un fenómeno de desinformación sin igual, alentado por el gobierno autonómico y nacional. Es inconcebible cómo ambas instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo y trabajar de manera conjunta. La ocasión creo que lo merece, ya que estamos hablando de salvar vidas. La desinformación provocada por ambas partes no sólo es perjudicial a corto plazo, sino que mina la credibilidad de la política en general.

Lee aquí el artículo completo publicado en La Nueva Crónica.