Les voy a ser sincero, la algarabía y las actitudes, más que reprochables, protagonizadas por nuestros políticos en el Congreso de los Diputados y en otros foros, en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco para que los etarras salgan en semilibertad, no es que me den lo mismo, pero para mí carecen de valor alguno en comparación con las opiniones de las víctimas. Sé que es una utopía, pero los políticos lo que deberían hacer es callarse y escuchar a las víctimas, ya que ellas deben estar en el centro y deben ser protegidas para garantizar que no sean humilladas.

Si analizamos de manera sosegada el hecho de que a etarras con cientos de años de condena el Gobierno Vasco les aplique el artículo 100.2 para que salgan a la calle en semilibertad, entenderemos que es una decisión más de política penitenciaria que puramente legal, ya que la ley es ambigua. Escuché decir a una abogada experta en terrorismo que “es tan legal hacerlo como no hacerlo y todo depende de dónde pongamos el listón”. Y ahí está la clave, porque, si bien como demócratas debemos aceptar ciertas decisiones, aunque no nos gusten, donde sí podemos y debemos poner el foco es en quién marca dónde se coloca dicho listón y los motivos por los que lo hace.

Las víctimas no reclaman que los etarras cumplan más años de los que marca la ley, pero sí exigen que, al menos, cumplan hasta el último día de condena y no puedan disfrutar de ciertos beneficios, como el que otorga el 100.2, que, si bien está pensado como una medida excepcional para casos muy concretos, parece ser que el Gobierno Vasco ha optado por la barra libre para los etarras. Además, para beneficiarse de este artículo no hace falta el arrepentimiento ni la colaboración con la Justicia, así que tenemos el cóctel perfecto.

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